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Gerente de EPS Tacna es denunciado por súper compras a Venezolana

Acusación. Procuraduría Anticorrupcion implica también a proveedora extranjera en caso de presunto direccionamiento y sobrevalorización en compra de insumos de bioseguridad.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, interpuso una denuncia penal contra tres funcionarios de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) y una proveedora extranjera, por la comisión del presunto delito de colusión agravada.

La denuncia involucra como presuntos autores al jefe de la División de Logística, César Ricardo Catacora Chaparro y al especialista en Adquisiciones y Corizador, Wilber Rody Sosa Choque.

Asimismo, implica como presuntos cómplices al gerente general de EPS, Juan Alberto Seminario Machuca y a la proveedora de nacionalidad venezolana, Astrid Margarita Ramírez Gutiérrez.

La acusación fue interpuesta por el procurador público Anticorrupción, Reynaldo Cuayla Mamani ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La acusación deviene de una denuncia pública de Exitosa por un presunto direccionamiento en la compra de insumos de bioseguridad por parte de la EPS a la referida proveedora, por un monto de 15 mil 920 soles.

Cuayla sustenta su acusación en el hecho de que la adquisición mascarillas, guantes y lentes se realizó mediante cinco órdenes de compra, cuando pudo haberse comprado de forma íntegra. Para la Procuraduría se evidencia una presunta concertación clandestina y el direccionamiento a fin de favorecer a la proveedora.

El procurador también advierte la falta de experiencia y cuestiona que la proveedora tenga como rubro secundario 2 la venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos. “¿Cómo accedió a ser proveedora de cantidades grandes de forma global si es vendedora al por menor?”, cuestionó.

El procurador Cuayla también advierte que la beneficiaria no tiene dirección ni domicilio fiscal y que al realizar la búsqueda por redes sociales y páginas web, no encuentra a Astrid Margarita Ramírez Gutiérrez y el nombre comercial ‘RaWil’ como vendedora de materiales de bioseguridad.

“No existe teléfono, se desconoce su dirección domiciliaria o fiscal por no tener un establecimiento comercial. ¿Cómo contactaron los denunciados a dicha proveedora? ¿Cómo así los denunciados tenían conocimiento que la proveedora tenía dichos productos, soslayando considerar a proveedores de la ciudad”, se preguntó el procurador.

Algo más grave, es que para la Procuraduría existe la sospecha de que dicha proveedora haya sido utilizada como testaferro por parte de funcionarios y servidores de la EPS, para obtener un beneficio patrimonial defraudando al Estado.

Finalmente, la Procuraduría Anticorrupción advierte al Ministerio Público sobre una presunta sobrevalorización en la compra de los referidos insumos. Cuayla puso como ejemplo que por cada mascarilla N95 se pagó la suma de 27 soles, cuando el costo real en el mercado es de 13 a 21 soles.

SIN CONTROL
El procurador Cuayla advierte en la denuncia penal, que la compra de insumos se hizo con recursos directamente recaudados por el cobro de agua potable que sólo está sometido a un control contable interno. Sostiene que se habría optado por dicha forma de compra, a sabiendas que no existiría mayor control de los gastos efectuados.

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