Golpistas se reagrupan y están de regreso en el Congreso de la República

MarioRospigliosi

Las alertas sonaron ayer en el Congreso. Los golpistas han puesto en marcha una “nueva campaña, del gran plan” para desestabilizar el país, vacar al presidente y tomar el poder en busca de lograr sus objetivos políticos y económicos.

La sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional sobre la vacancia presidencial los ha envalentonado. Si bien la mayoría decidió lavarse las manos, tres de ellos opinaron por dejar abierta las causas de la vacancia, con lo que todo se reduce al voto del magistrado Manuel Miranda.

Así, el 24 de noviembre, el congresista Edgar Arnold Alarcón Tejada presentó dos denuncias penales contra el vicepresidente del Congreso y hasta hace poco presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el acciopopulista Luis Roel Alva, ante el al despacho de la Fiscalía de la Nación.

Denuncia

Las dos denuncias fueron presentadas el 26 de noviembre ante mesa de partes, con la firma del abogado Juan Palomino Duarte, por presuntos delitos de omisiones de deberes funcionales y por supresión, destrucción u ocultamiento de documentos.

Pero ninguna de las dos denuncias especifica los hechos concretos, que se consideran ilícitos. De lo que se trata es de denunciar y luego presionar o convencer al Ministerio Público de investigar y, a partir de ese momento, “ya todo está probado”.

Según pudo conocer La República, Alarcón señala haberle hecho una serie de pedidos de información a Roel Alva, como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los cuales no fueron atendidos de inmediato.

En la primera denuncia, refiere que le pidió toda la información recibida directamente o derivada a dicha subcomisión desde julio del año 2016 hasta la fecha actual: documentos recibidos, trámites realizados, etc.

En la segunda denuncia, enumera haber pedido a presidente de la Subcomisión la relación de los congresistas, profesionales, especialistas, servidores administrativos, colaboradores, secretarias, oficinistas, personal de limpieza que laborarían en dicha comisión.

Además, que se le precise las labores especificas que cumplen cada uno de ellos: quién los recomendó, en qué oficina trabajaron, horas trabajadas, horas de ingreso, salida, refrigerios, fechas de descanso, vacaciones, licencias y otros.

Después de enumerar los pedidos de información que ha realizado, señala que, transcurridos tres meses, no ha recibido respuesta y anota que de acuerdo con la Ley de Transparencia, él puede pedir toda la información, sin expresión de causa, motivo o utilidad. Solo debe pedir y si no se la entregan, cometen delito.

Por lo que indican ambas denuncias, al no haber obtenido una respuesta oportuna, se ha producido un retardo injustificado para responder a su solicitud, lo que él considera un gravísimo delito que debe ser investigado por la fiscal de la Nación en persona.

Créditos: La República